El bien público propone la generación de protocolos y estándares técnicos y económicos, para habilitar el mercado de segunda de vida de módulos tanto funcionales (que aún generan energía), como los no funcionales (que ya no tienen utilidad para la generación de energía), trabajando con las entidades públicas encargadas de implementar las regulaciones relevantes en materias de disposición final y seguridad.